A Adela Pérez le dolía una muñeca. Le hicieron una biopsia en quirófano para averiguar el motivo. El anestesista tuvo un error al administrarle anestesia general en lugar de la local que estaba prevista. Adela nunca llegó a despertar de esa anestesia. Ahora se encuentra en estado vegetativo y necesita asistencia las 24 horas del día. La familia ha recibido una indemnización de casi 800.000 euros.
El paciente acude a mi despacho y me expone los hechos ocurridos. Se le solicita que aporte la totalidad de la documentación médica y clínica de la que disponga. Si no cuenta con ella, siempre se puede solicitar al centro médico su historia clínica, donde se debe recoger todo el tratamiento médico recibido.
A partir del análisis de los hechos y de la historia clínica, se solicita un primer informe médico legal de valoración de lo acontecido. La función de dicho informe preliminar es determinar si, desde el punto de vista médico, el servicio médico recibido por el cliente, pudiera ser considerado improcedente, inadecuado o erróneo. En definitiva, si existen indicios de negligencia médica por impericia, imprudencia, falta de información o cualquiera del resto de situaciones descritas.
El tercer paso consiste en la elaboración de un informe médico-legal completo mediante el cual se recogen los antecedentes de hecho; el tratamiento médico recibido; descripción del proceder médico inadecuado o erróneo; las consecuencias dañosas para el paciente; la valoración medico-legal de la actuación y omisión en la que ha incurrido el profesional médico y por último, la valoración económica que se da a los daños sufridos por el paciente como consecuencia de la negligencia médica.
Es decir, dicho informe indica si existe negligencia médica y lo más importante, si puede ser demostrada o evidenciada científicamente. Sólo de esa manera es posible saber si resulta procedente presentar la oportuna reclamación.
Para ello, es fundamental tener en cuenta lo siguiente:
Si se invoca el haber sufrido un daño derivado de un tratamiento médico, deben poder probarse los hechos de la reclamación; demostrar la responsabilidad del médico en la producción de lo sufrido y lo definitivo: la causación de una lesión o un daño corporal directamente vinculado con aquella acción u omisión del médico.
Las negligencias médicas se reconocen y se indemnizan siempre que se demuestre que los médicos o el personal sanitario han incumplido con su deber y/o han actuado con impericia o imprudencia. Cuando se presenta una reclamación médica es absolutamente necesario contar con pruebas claras, directas, objetivas y concluyentes de lo que se afirma. Sólo con ellas, se logra demostrar la relación causa-efecto entre el actuar del médico y el daño físico, psíquico y/o moral que ha sufrido el paciente.
Las listas de espera para ser atendido sanitariamente en España están por encima de la media del resto de países de la UE. Además, su duración varía mucho entre Comunidades Autónomas. Los pacientes de las Canarias, Cataluña y Castilla-La Mancha esperan una media de más de 160 días para una intervención quirúrgica, en comparación con menos de 50 días en el País Vasco.
Los pacientes españoles tienen que pagar de su bolsillo el 24% del gasto sanitario total, siendo la media en Europa del 15%. Ese coste se explica por el aumento de los copagos en medicamentos instaurados en 2012 y porque la Sanidad no cubre óptica y odontología.
En España, sin embargo paradójicamente, el número de médicos por cada 1.000 habitantes es mayor que la media de la UE -3,8 frente a 3,6-. Y el número de enfermeros está muy por debajo -5,3 frente a 8,4-.
